El PSOE propone una ley que garantice la equidad sanitaria

Desde el 1 de enero de este año todas las comunidades autónomas tienen las competencias en el terreno sanitario. Estas transferencias hechas así, sin más, dejan un vació coordinativo a nivel estatal. La ley que regula esa coordinación, se presentará a finales de febrero, pero mientras tanto el PSOE ha presentado un proyecto de ley según el cual, la modificación de las prestaciones básicas deberá contar con la aprobación de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Una de las preocupaciones de la gente que padece enfermedades crónicas, especialmente si son genéticas, es la privatización de la Seguridad Social. Otra, es que la asistencia sanitaria no cubra todos los servicios en todas las comunidades, y que con los traspasos de competencias sanitarias, no sea posible solicitar diagnóstico o recibir tratamiento en un hospital ajeno a la comunidad. En este sentido la propuesta del PSOE afirma “el aseguramiento único y público por parte del Estado, no pudiéndose encomendar el aseguramiento (la cobertura que actualmente presta la Seguridad Social) a entidades no gubernamentales” y propone la creación de la tarjeta sanitaria única y de centros de referencia para tratamientos complejos o poco frecuentes, en cuyo caso estarían las NF. Como novedad también apunta que a la hora de contratar servicios externos, “las entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, ONG o asociaciones) tendrán preferencia sobre las empresas, siempre que su oferta sea igual en 'eficacia, eficiencia y calidad”

Resumiendo, las propuestas son las siguientes:

- Tarjeta sanitaria. Se creará una tarjeta sanitaria que será válida para todos los servicios de salud del Estado. Este documento permitirá consultar -si el usuario lo autoriza- la historia clínica de los pacientes desde cualquier lugar de España. El Ministerio será el responsable de mantener el registro de tarjetas. La tarjeta también dará la información para que unas comunidades cobren a otras los servicios prestados a los ciudadanos de fuera.

- Segunda opinión. Extender el derecho a la segunda opinión facultativa a todas las consultas, y que el paciente pueda acudir a otro sistema de salud si la lista de espera de una especialidad supera un determinado límite de tiempo.

- Habitación individual. El proyecto de ley propondrá fomentar de manera paulatina las habitaciones de uso individual en los hospitales públicos.

- Personal. El Ministerio de Sanidad garantizará la movilidad del personal (sanitario o no) dentro del sistema.

- Alertas. Las alertas sanitarias que afecten a más de una comunidad y la trasposición de directivas europeas serán competencia del Ministerio de Sanidad.

- Nuevas prestaciones. El borrador establece que será el Ministerio de Sanidad el que aprobará la inclusión de cualquier nueva técnica o procedimiento en el catálogo de prestaciones básicas. Pero no lo podrá hacer sin contar con la aprobación del Consejo Interterritorial. Sanidad deberá, además, acompañar la aprobación de la dotación económica correspondiente para hacerla efectiva en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Para aprobar un nuevo tratamiento, deberá justificarse que mejora la relación coste-eficacia de los ya existentes.

- Mejoras autonómicas. Las comunidades que deseen ampliar la oferta de servicios podrán hacerlo, comunicándoselo al Ministerio de Sanidad. Éste podrá prohibirlo, si considera que no son servicios seguros. La financiación de la nueva terapia, medicamento o prueba diagnóstica correrá a cargo del Gobierno regional correspondiente.

- Financiación. Con el fin de asegurar que el reparto de los fondos presupuestarios garantice los mismos servicios mínimos para todos, se creará un Centro de Información Económica del Sistema Nacional de Salud. Sólo habrá copago, como ya sucede ahora, en el caso de los medicamentos. Los demás servicios serán gratuitos.

- Medicamentos. La aprobación de nuevos medicamentos, su inclusión o exclusión de la lista de fármacos subvencionados y la aplicación de precios de referencia serán competencias del Consejo Interterritorial.

- Centros de referencia. En el caso de que una comunidad no pueda ofrecer todos los servicios de la cartera, o si son tratamientos muy complicados o poco frecuentes, el Ministerio deberá establecer una serie de centros de referencia, a los que dirigir a los pacientes.

- Carlos III. La financiación del Instituto de Salud Carlos III (el organismo encargado de la política científica de Sanidad) se repartirá al 50% entre el Ministerio y las comunidades.

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